Polémica por proyecto de ley: Temen que aumenten las estafas en el sector bancario

Por: Fabricio Alfredo Obando Chan, periodista.

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) considera que el Proyecto de Ley N° 23.908, en discusión en la Asamblea Legislativa, es una medida simplista, irresponsable y riesgosa, que podría generar un aumento en las estafas y fraudes bancarios en Costa Rica.

La ABC advierte que la iniciativa no aborda el problema estructural de las estafas bancarias, las cuales son perpetradas por redes de crimen organizado que constantemente perfeccionan sus métodos para engañar a más y más personas. En lugar de proponer herramientas para luchar contra los grupos delictivos, el proyecto de ley del diputado Izquierdo obliga a los bancos a soportar automáticamente el costo económico de las estafas, lo que podría derivar en consecuencias negativas no solo para el sistema financiero y los propios usuarios, sino también para el combate a la criminalidad en el país.

“El proyecto de ley adopta una visión muy simplista del problema, pues parte del supuesto de que los responsables de las estafas son los bancos. En realidad, las estafas bancarias son un fenómeno de crimen organizado que afecta tanto a los clientes como a los bancos. Lo planteado en el proyecto, al exigir que el banco pague, abre la posibilidad de que surjan nuevas modalidades delictivas y favorecería, en la práctica, el financiamiento de las estructuras criminales.”, explicó Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.

Un posible efecto negativo de esta ley sería la aparición de esquemas fraudulentos en los que personas sean reclutadas para reportar estafas inexistentes, con la certeza de que el banco reembolsará el dinero y se pueda así compartir las ganancias ilícitas. “Lo importante es evitar que el dinero de las estafas llegue a los delincuentes. Solo así se resolverá la causa raíz del problema.”

Además, Cubero destacó que la iniciativa podría generar costos adicionales para todo el sistema financiero. “Si los bancos deben asumir por regla general los costos de las estafas, eso eventualmente se reflejaría en tasas de interés más bajas para los ahorrantes y más altas para los deudores, en perjuicio de todos los consumidores financieros y de la economía nacional”, afirmó.

También señaló que “el proyecto de ley violenta principios elementales de razonabilidad y justicia, consagrados en el Derecho de la Constitución”. Así, sería razonable y justo que los bancos respondan si crean, por dolo o negligencia grave, situaciones de peligro en contra de sus clientes, pero no cuando toman todas las medidas de precaución para reducir el riesgo de estafas. La justicia exige un sano balance, ausente por completo en el proyecto de ley, que pondere también el deber de cuidado y diligencia de los clientes en relación con el uso de los canales digitales, y en particular de sus claves de acceso.

Experiencias en otros países refuerzan estas preocupaciones.

En Chile, una reforma legal aprobada en el 2020 introdujo la responsabilidad automática de los bancos en el uso de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, en forma similar a lo que propone el proyecto de ley del diputado Izquierdo. Ello favoreció un aumento exponencial de los fraudes. Así, según el Informe de Sistemas de Pago de agosto del 2024 del Banco Central de Chile, tras la aprobación de la “Ley de fraudes con tarjetas”, las pérdidas por fraude digital aumentaron significativamente. En 2023, el monto del fraude se duplicó respecto a 2022, alcanzando su nivel más alto en la historia del país.

El incremento en la criminalidad que esa reforma propició obligó a las autoridades chilenas a reformar nuevamente la ley en el año 2024, para delimitar más cuidadosamente el principio de responsabilidad automática que se había establecido.

En el caso de Costa Rica, las entidades bancarias han venido invirtiendo desde hace años en el fortalecimiento de sus sistemas de seguridad para proteger a los usuarios, y han lanzado campañas de concientización para informar a los clientes de los tipos de estafas que se están utilizando y que de esta forma puedan protegerse de mejor manera. Además, contrario a lo que indica la exposición de motivos del proyecto de ley, en Costa Rica sí existe normativa que regula adecuadamente el tema de la responsabilidad ante este tipo de fraudes, y es con base en esa normativa que la Sala Primera ha resuelto una gran cantidad de casos en favor de los clientes bancarios.

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