INAMU pide que se sigan creando y fortaleciendo las Oficinas de la Mujer en las munis
INAMU presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley que eliminó la obligatoriedad de las OFIM.
El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) se encuentra preocupado porque quieren cambiar las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) y transformarlas en oficinas de desarrollo social y esto perjudica a la población femenina que asisten a dicha instancia a solicitar acompañamiento en diversos temas, luego una reforma realizada en el Código Municipal que elimina la obligatoriedad de estas oficinas en las municipalidades.
La paradoja es que la reforma del 2008 que crea las OFIM y la reforma del 2010 que se las trae abajo, ambas fueron presentadas por el mismo gobierno de Oscar Arias impulsadas por el ejecutivo y aprobadas unánimemente por el mismo parlamento.
La existencia de las Oficinas Municipales de la Mujer significa un avance en la construcción favorable a la igualdad y equidad entre mujeres y hombres en el ámbito local y municipal, inclusive, estas brindan atención en materia de violencia doméstica o violencia basada en género; también representa un aporte novedoso para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y para la democratización del municipio.
Con la reforma del artículo 13 del Código Municipal que creó las OFIM en el 2008, se logró alcanzar hasta un 87% de Municipalidades que contaban con una Oficina de la Mujer o instancias homólogas y posterior a la reforma de ese mismo artículo en el 2010, se ha tenido un retroceso ya que casi la mitad de esas oficinas (58%) de las Municipalidades, fueron transformadas en Oficinas de Bienestar Social, cambiando sus funciones y redireccionando sus recursos.
“Desde el INAMU presentamos el mes pasado una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada en el 2010; ya que la eliminación de la obligatoriedad no fue consultada al ente rector, el Instituto Nacional de las Mujeres, que sí participó de la discusión de la reforma aprobada en el 2008 que garantizaba la creación y fortalecimiento de las Oficinas de la Mujer en los Gobiernos Locales con su respectivo presupuesto” mencionó la Presidenta Yerlin Zúñiga Céspedes.
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Con la acción de inconstitucionalidad se pretende restituir los derechos colectivos de todas las mujeres a la prestación de servicios públicos especializados con enfoque de género, que incluye de forma vinculante a las municipalidades, con el objetivo de crear mecanismos que erradiquen la discriminación basada en género y avanzar en igualdad y una vida libre de violencia para las mujeres, y que permiten la articulación entre la institucionalidad pública.
