¢12 mil millones de pensiones de lujo se destinarán a combatir la pobreza
Fondos se obtendrán de los ahorros generados por la ley 9796, firmada en diciembre anterior, que recortó las pensiones de lujo en los regímenes del Magisterio Nacional, Gobierno y Poder Judicial.
El Gobierno anunció este miércoles un proyecto de ley que plantea redistribuir unos ¢12.197 millones de los ahorros anuales generados por el tope a las pensiones de lujo, aprobado en diciembre anterior, para atender a la población más vulnerable del país.
El anuncio lo dio a conocer esta mañana en conferencia de prensa en Casa Presidencial el presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte Romero.
La iniciativa adiciona un artículo a la “Ley para rediseñar y redistribuir los recursos para la contribución social solidaria” (N. 9796) para transferir al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) el ahorro que se genere con la aplicación de esa ley, a fin de fortalecer los programas ya existentes como Crecemos, Avancemos y Hogares Conectados, así como el Régimen No Contributivo de Pensiones.
La ley aplica el cobro de contribuciones solidarias a 3.198 jubilados que superen los ¢2,2 millones en el caso del Magisterio y Gobierno, y los ¢2,6 millones en el Poder Judicial, generando un ahorro anual de ¢12.197 millones de colones que será destinado a la población en condición de pobreza, pobreza extrema y pobreza multidimensional si se aprueba el proyecto anunciado este miércoles.
Al presentar la iniciativa el presidente Alvarado refirmó el compromiso de “trabajar duro para cerrar brechas de todo tipo, en este caso, direccionando recursos de las pensiones de lujo para destinarlos a los que más lo necesitan y así crecer unidos como país y en una sociedad más solidaria y próspera”.
El mandatario agregó que con ese proyecto de ley, “podremos atender a la población más vulnerable que ya tenemos identificada y lograr una más eficiente redistribución de recursos públicos”, refiriéndose a la política social de precisión de la Estrategia Puente al Desarrollo, fortalecida con la información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).
A partir de la información aportada por el SINIRUBE, el Gobierno ejecuta la política social de precisión, la cual identifica en el territorio a las familias en pobreza extrema, su ubicación, sus privaciones principales y orienta la intervención estatal que éstas requieren.
“Esta política ha puesto nombre y apellido a las familias que sobrellevan una situación de pobreza extrema y se encuentran hoy desatendidas por los programas sociales. Hacer algo con esa realidad es un imperativo ético para todos los actores sociales”, dijo Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS.
“Con este proyecto y otras iniciativas que presentaremos más adelante, invitamos a la Asamblea Legislativa a acompañar, desde un ejercicio de eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos públicos, los esfuerzos que hacen las instituciones del sector social para garantizar derechos básicos a la nutrición, la salud, la educación y la protección a familias que luchan por comer tres veces al día”, aseguró.
La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte Romero, destacó que “estamos empezando a ver el resultado de un esfuerzo conjunto del Gobierno de la República y el Poder Legislativo en esta tarea de proteger las finanzas del estado e ir poniendo tope a estas pensiones de lujo de las que disfrutaban algunas personas jubiladas por los regímenes financiados por el Estado”.
“Esta modificación nos permite, además, liberar al Fondo de algunas restricciones que pueden restringir la ampliación de su cobertura y direccionar estos dineros a las personas que más lo necesitan en nuestro país y redoblar esfuerzos en la lucha contra la pobreza”, puntualizó.
Con la aprobación de la ley 9796, se vio triplicado el ahorro anual generado por las leyes vigentes que recortan las pensiones de lujo al aumentar de ¢5.341 millones a ¢17.538 millones, pasando de 920 contribuyentes a 4.118.
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