La Jueza de Flagrancia de Goicoechea absolvió a cuatro oficiales de la Fuerza Pública, tras concluir que no existían pruebas contundentes en su contra.
La Fiscalía ya había solicitado el archivo de la causa debido a problemas en la forma en que se plantearon las acusaciones, así como la falta de testigos que hubieran presenciado los hechos y la ausencia de un video completo que permitiera conocer los eventos previos al atropello del perro.
La indemnización de 35 millones de colones, solicitada por los grupos animalistas y el SENASA por la muerte del animal, fue desestimada por la falta de pruebas.
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