Cárceles sin efectivo: Gobierno prohíbe dinero en prisión

A partir de este miércoles, las personas privadas de libertad en Costa Rica no podrán portar ni utilizar dinero en efectivo dentro de las cárceles.

La Dirección General de Adaptación Social (DGAS) del Ministerio de Justicia y Pazimplementó esta medida mediante la circular DGAS 01-03-25, con el objetivo de evitar la compra-venta de drogas, las extorsiones y otros negocios ilícitos dentro de los centros penitenciarios.

Según las autoridades, esta política forma parte de una serie de controles carcelarios que buscan garantizar el orden y la seguridad, además de promover una gestión financiera legal y transparente para los privados de libertad.

Nuevo sistema financiero para reos

Para reemplazar el uso de efectivo, la DGAS trabaja en conjunto con entidades bancarias estatales con el fin de establecer un sistema de cuentas bancarias para las personas privadas de libertad.

Este mecanismo permitirá trazar y controlar los pagos internos, reduciendo así el riesgo de actividades ilegales relacionadas con el dinero en efectivo.

Además, el Ministerio de Justicia está elaborando los instrumentos normativos necesarios para garantizar que la implementación de este nuevo sistema se realice sin contratiempos y con pleno control estatal.

En cuanto a los fondos que los privados de libertad posean actualmente, la circular establece que tienen un plazo de cinco días hábiles para entregar el dinero a sus familiares o personas de confianza.

De lo contrario, las autoridades penitenciarias procederán con el decomiso inmediato del efectivo, ya que su portación y circulación dentro de los centros penales quedará completamente prohibida.

Nuevo escáner en La Reforma detecta drogas y celulares

En el marco de estas nuevas regulaciones, el centro penitenciario Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, ha reforzado sus medidas de seguridad con la instalación de un Bodyscanner donado en 2016 por la Embajada de Estados Unidos.

El dispositivo, valorado en ₡113 millones, entró en operación el pasado sábado 22 de marzo y ya ha detectado cuatro privados de libertad con droga y teléfonos celulares ocultos en sus cuerpos.

Las autoridades penitenciarias han celebrado la puesta en marcha del escáner, ya que permitirá prevenir el ingreso de objetos ilícitos a las cárceles y fortalecer los controles de seguridad en los procesos de revisión de visitas y traslados de reos.

Proyecto de ley para fortalecer el sistema penitenciario

Como parte de las acciones para mejorar el control en las cárceles, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que busca reformar el manejo de las prisiones y fortalecer los criterios técnicos del Instituto Nacional de Criminología (INC).

Este proyecto plantea que las decisiones sobre cambios en las medidas de los reos deben tomarse con base en criterios técnicos sólidos, evitando así que personas consideradas peligrosas para la sociedad salgan de prisión antes de tiempo y vuelvan a delinquir.

Además, la iniciativa propone endurecer las condiciones para otorgar beneficios penitenciarios a quienes cumplen condenas por crimen organizado, narcotráfico, homicidios, femicidios y delitos sexuales.

En estos casos, se aplicaría una política de “mano dura”, impidiendo que los reos reciban medidas alternativas si representan un riesgo para la seguridad pública.

Otro aspecto clave del proyecto es la centralización de la administración penitenciaria bajo la Dirección General de Adaptación Social, eliminando la actual doble administración entre diferentes Poderes de la República.

Esto busca evitar interferencias innecesarias en la gestión de los centros penales y garantizar un manejo más eficiente y seguro de las cárceles.

Por otro lado, el expediente 24.019 propone restringir la intervención del Juzgado de Ejecución de la Pena en asuntos administrativos penitenciarios, permitiendo que estos sean manejados exclusivamente por el personal que trabaja en las cárceles y conoce de primera mano las realidades y necesidades del sistema.

Impacto de las nuevas medidas

El fin del uso de efectivo en las cárceles representa un cambio significativo en el sistema penitenciario costarricense. Si bien la medida busca reducir la corrupción y la actividad delictiva dentro de los centros penales, también plantea retos logísticos y administrativos, como la implementación del nuevo sistema de pagos electrónicos para los privados de libertad.

Las autoridades han señalado que seguirán evaluando el impacto de estas regulaciones y trabajando en su efectiva ejecución para garantizar un ambiente más seguro y controlado en las prisiones del país.

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