Al provenir de un territorio costero a la legisladora puntarenense Carmen Chan Mora, coordinadora de Nueva República, le preocupa la omisión de alternativas y planes concretos para la recuperación económica de estas zonas, justo cuando se llega a la mitad del periodo de gobierno.
“El discurso de labores del Presidente 2019-2020, no planteó las proyecciones del gobierno para el desarrollo integral del sector pesquero nacional y es evidente el abandono del compromiso con las zonas marginales de los litorales del país”, cuestionó.
“En su panfleto Carlos Alvarado dijo que ‘el sector agropecuario será clave en esta etapa para reactivar la economía y las zonas rurales para garantizar nuestro abastecimiento y alimentación’, pero, este tipo de promesas al calor de una pandemia nacional, no contemplan al sector pesquero nacional, que es parte del agro y que contribuye con la producción y la alimentación del país”, indicio la diputada.
“A los pescadores, no se les cumplió ninguna de las peticiones que se formularon desde el inicio de este Gobierno, por ejemplo, nunca se asignaron las cuotas de acarreo que otorga la Comisión Internacional de Atún Tropical (CIAT) a los países ribereños, tampoco el Gobierno estuvo dispuesto a enviar un proyecto a la Asamblea que aprovechara los recursos de Banca para el Desarrollo para mejorar las condiciones económicas y financieras del sector pesquero nacional, no anunció acciones paliativas para el tan golpeado sector de pesca industrial de camarón, que ya estaba bastante afectado a causa del dictado de la Sentencia de Sala Constitucional del año 2013, y que sigue a la espera de una iniciativa de ley para el aprovechamiento sostenible de este recurso, a la que se opuso el PAC y los enemigos de la industria pesquera y decidieron Consultar nuevamente a la Sala Constitucional, provocando con ello una paralización de la actividad pesquera, y el incremento de la pobreza, así como de los problemas sociales en las zonas pesqueras del país”, advirtió.
Asimismo apuntó que el gobierno de Carlos Alvarado, quedó debiendo el Decreto del Atún, regulación que pretendía la fiscalización de la zona económica exclusiva, y el combate a la pesca ilegal; el Plan de Acción para la pesca de pelágicos, instrumento para lograr una sostenibilidad de las especies, la comercialización y el aprovechamiento en el consumo; y un seguro diferenciado para el sector pesquero nacional que le permitiera hacer frente a los riegos y amenazas que experimenta esta actividad.
“En cuanto al tema de la infraestructura nacional, otra área fundamental para la generación de empleos y reactivación económica, se suspendieron las obras del proyecto del Aeropuerto Internacional de Orotina, continuamos a la espera de la construcción de la carretera San Carlos-San Ramón, proyecto que ha significado un costo muy alto para los bolsillos de los costarricenses, por causa del despilfarro de 300 millones de dólares en estudios abandonados; así como de la carretera San Ramón-San José, importante vía para el comercio y traslado de personas al GAM”, indicó.
Acotó que la ruta de Playa Naranjo-Paquera, y la carretera Santa Teresa-Cóbano, son otros 2 proyectos postergados por el Gobierno, los cuales se encuentran en total abandono, siendo un peligro para estas comunidades costeras, y un notable retroceso para el desarrollo turístico y humano de toda la zona.
Además, refirió, están los proyectos de la ruta 32 con más de 42 puentes, y la ampliación de la ruta 27, así como el proyecto San José-Cartago, obras de gran envergadura, que han sido parte del show publicitario de este Gobierno, pero sin avances, y los costarricenses estamos cansados de las promesas vacías mientras seguimos con las carreteras del país colapsadas.
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