Cerca de 5.461 trabajadores de hospitales, oficinas, clínicas y Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), comenzaron este lunes una huelga de 48 horas.
Ante la situación, la Caja solicitó esta mañana al Juzgado de Trabajo, declarar ilegal el movimiento. Asimismo, el presidente ejecutivo de la institución, el doctor Román Macaya, pidió no trasladar el conflicto a los pacientes.
La máxima autoridad de la instituciónrecalcó la necesidad de ser conscientes de la población que espera un procedimiento, una cirugía o una consulta especializada. “La institución tendrá que realizar un esfuerzo titánico para recuperar las pérdidas. Siempre hemos tenido disposición de diálogo con las diversas representaciones sindicales”, dijo Macaya.
Afectación
De acuerdo con datos preliminares de la Caja, un 28% de los servicios institucionales se han visto afectados por el movimiento de huelga; información que se desprende del reporte inicial de 70 establecimientos de salud.
Asimismo, los datos indican que la afectación en Consulta Externa es de 32%, en hospitalización un 32%, sala de operaciones 43%, Farmacia 30%, servicio de Radiología e Imágenes Médicas 29%, servicio de Laboratorio 38% y Nutrición 23%.
En cuanto a la afectación en Consulta Externa, el mayor impacto se presentó en el Hospital de la Mujer y en el Nacional Psiquiátrico, donde solo se brindó un 33% del servicio. También el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología reportó un 100% de las salas de cirugías cerradas, solo disponibles para emergencias.
Según informó la CCSS, “ya se activaron los planes de contingencia para garantizar los suministros esenciales para la operación de los servicios de salud, como lavandería, medicamentos y otros insumos necesarios para la continuidad de los servicios”.
Motivos del movimiento
El movimiento llamado Frente Sindical para la Defensa de la CCSS, asegura que la huelga se da ante un supuesto incumplimiento por parte del Gobierno y de las autoridades de la institución con respecto a acuerdos como el pago de anualidades extra salariales y al mantenimiento de la dedicación exclusiva de los profesionales en el área.
Los sindicalistas alegan que con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas también se aprobó la Regla Fiscal, que pretende implementarse en la Caja y violentar la autonomía institucional.
“Esto deja en manos de la ministra de Hacienda la decisión de definir, arbitrariamente, cuánto se debe invertir en la prestación de los servicios de salud, en la calidad y cantidad de medicamentos, construcción de nuevos centros de atención, compra de equipos médicos y tecnología, recurso humano, entre otras”, asegura la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) en un comunicado de prensa.
Asimismo, indican que “aprobaron una reforma a la Ley General de Concesiones que permite la privatización en la administración de centros de salud en la Caja, aunque ya estén construidos, congruente con las intenciones de la clase política y de altos jerarcas de la Institución, que proponen modificar la política y el reglamento de contratación de servicios a terceros”.
Con respecto a esas declaraciones, el Dr. Macaya, concluyó que “nadie está privatizando la Caja. Nadie ha variado la forma de pago y, en este momento, se está preparando un proyecto de ley que permite mantener el pago bisemanal, en virtud de que el cambio no tiene ningún impacto en las finanzas institucionales”.
