Crimen organizado le arrebata jóvenes a Costa Rica

Las brechas socioeconómicas en el país se ensanchan día con día; así lo demuestran todas las mediciones que se realizan en Costa Rica. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Estado de la Nación coinciden: «la desigualdad en Costa Rica es creciente, independientemente de cómo se mida»; indicaba el Informe del Estado de la Nación en noviembre de 2023. 

El informe argumenta que Costa Rica muestra un abandono de sus ideales identitarios de desarrollo humano, lo que se evidencia en el incremento en los índices de violencia, y se confirma con las cifras de homicidios ligados con el narcotráfico que «se alimenta de jóvenes procedentes de hogares con fuertes carencias», apunta el documento. 

A mediados de junio de este año el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 406 homicidios, 56% de ellos vinculados con la delincuencia organizada.

Estamos muy lejos de parecernos al ideal de igualiticos que habíamos construido en nuestro imaginario. Costa Rica es uno de los países de América Latina donde la inequidad en la distribución de los ingresos crece desde hace 20 años.  Esto sumado a las políticas de recorte presupuestario en inversión social impiden mejoras en la calidad de la educación, en acceso a becas de estudio o transporte o espacios de cuido para las personas menores en pobreza.  

Laura Fernández, directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, alertó que el 38% de la niñez costarricense viven en contextos muy desfavorables y el porcentaje se incrementa en las zonas costeras y fronterizas. Los niños y niñas en pobreza y pobreza extrema, que son 4 de cada 10, son vulnerables a la deserción estudiantil. Explicó que una vez fuera del sistema educativo son presa fácil de los grupos de crimen organizado.

«Están creciendo en un entorno con una gran privación de condiciones, lo cual produce adolescentes que no continúan los estudios, ni están vinculados con el mercado laboral y por tanto tienen que recurrir a la economía criminal como único modo de subsistencia», señaló Oscar Valverde, director ejecutivo de Paniamor.

En este caso, el contexto de exclusión social juega en contra de los jóvenes. Pablo Chaverri Chaves, académico e investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de  Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional UNA) explicó que está científicamente comprobado que entre mayores o peores son las condiciones de riesgo en la infancia y adolescencia, mayor es la probabilidad de que esa persona sea involucrada o reclutada por una organización criminal, o tiene mayor predisposición a ejercer violencia para resolver sus conflictos. Este modelo se llama Experiencia Infantil Adversa.

El Observatorio Económicos y Social de la Escuela de Economía de la UNA analizó el perfil de los homicidios dolosos en nuestro país en 2023 y determinó que 54 % de los hombres asesinados tenía menos de 35 años.

Es cuestión de inversión

Los expertos, que participaron en el programa de televisión UNA Mirada, concuerdan en que la situación no se revertirá hasta que se incremente la inversión social y estos recursos mejoren la calidad de vida de las personas en pobreza. El problema es que cada día más y más jóvenes pierden la vida o deciden participar en estos grupos criminales.

«Las cifras de muertos en realidad es la expresión más grotesca de una situación de exclusión, desigualdad social y pobreza que ha venido fraguando en el tiempo», aportó Valverde con tristeza.

El representante de Paniamor llamó la atención en este punto, pues no se habla de las personas menores de edad asesinadas o implicados en riñas y sicariato; son personas que están en su edad más productiva, por lo tanto hay un impacto macroeconómico por la pérdida o el encarcelamiento de todos estos jóvenes. Punt

En este sentido, la defensora de la niñez considera importante destacar que el control social también está fallando: la familia, los vecinos, la escuela, los espacios de recreación que deberían acompañar y proteger a los jóvenes no está actuando en el momento oportuno. 

«Cuando estos controles sociales informales se pierden, debemos acudir a la respuesta del control social formal, que es la policía, y lo que significa es cárcel. Y cuando un adolescente cae en la cárcel, todo el sistema falló en su conjunto, pues nadie actuó a tiempo», enfatizó Fernández.

Chaverri cuestionó en quién debe recaer la culpa o la sanción de que estos niños y jóvenes se pierdan en manos del narcotráfico y del crimen organizado. El especialista considera que las leyes deben sancionar a los adultos que los reclutan y se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad, pobreza e incluso abandono emocional.

«En general, las personas victimarias de crímenes violentos tienden a ser jóvenes en sus veintes. Esto puede tener una la explicación en la forma en que los seres humanos se desarrollan, porque aunque legalmente la adolescencia termina a los 18 años, en realidad el proceso de maduración cerebral finaliza a los 25, en la región del cerebro más sensible al contexto social, que cumple un papel fundamental en nuestras interacciones y en la toma de decisiones», explicó el investigador del INEINA. En su criterio las organizaciones criminales se aprovechan de los jóvenes, pues saben que no van a medir las consecuencias de sus actos y que probablemente actúen de forma impulsiva. Además, son sancionados con menos dureza ante la ley.

Actualmente, Paniamor trabaja en lobby político con los diputados de la República para incrementar las penas a los adultos que se les compruebe el reclutamiento de personas menores de edad en sus organizaciones criminales. «Ahí sí colocamos la responsabilidad donde se debe: en la persona adulta que se aprovecha de las condiciones de una persona menor de edad para ponerlos a hacer el trabajo sucio», afirmó Valverde.

Los especialistas enumeraron los daños colaterales del fenómeno de la violencia y las organizaciones criminales: desintegración familiar por muerte, secuelas físicas por ataque con arma de fuego o arma blanca, daños emocionales por pérdida, depresión, ansiedad o daños económicos por la ausencia de un integrante del hogar. Todos estos impactos sociales también requieren atención por parte de la institucionalidad estatal.

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