La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) guían los esfuerzos para reducir desigualdades y mejorar el desarrollo humano.
Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes advierte que sin una política nacional de atención a la pobreza, Costa Rica sigue lejos de alcanzar un progreso real y estructural en este ámbito.
Un estudio preliminar de la Defensoría analiza el impacto de la regla fiscal en instituciones clave del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, como el MTSS, el IMAS y el PANI.
Los hallazgos revelan que la reducción de la inversión pública en educación y salud, así como en programas de combate a la pobreza, ha comprometido los avances en la lucha contra la desigualdad.
Además de la reducción presupuestaria, la Defensoría subraya la necesidad de mejorar el diseño de los programas sociales selectivos, para garantizar que lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Destacan también la urgencia de una mejor coordinación interinstitucional, la implementación de evaluaciones de impacto y la revisión de los montos de ayuda, considerando factores como la discapacidad o las enfermedades crónicas de los beneficiarios.
