Deficiencias en medidas cautelares exponen a mujeres a riesgo de femicidio

Por: Fabricio Alfredo Obando Chan, periodista.

Desde el INAMU se realizan esfuerzos importantes para brindar más y mejores servicios para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, ejemplo de ello son los 32 Puntos Violeta ubicados en todo el territorio nacional, los espacios seguros que resguardar a mujeres víctimas de violencia callejera, la Delegación de la Mujer ubicada en San José, las 6 Unidad Regionales ubicadas en los diferentes territorios del país, el número 8321-86-78 de WhatsApp del INAMU, la línea 1125 para la consulta sobre derechos de las mujeres y la línea por excelencia, 9-1-1, que atiende 24 horas al día los siete días a la semana.

“Según las estadísticas del Poder Judicial al día se solicitan 142 medidas de protección, lo que evidencia que esta herramienta sí funciona y salva vidas, no solo de las mujeres víctimas de violencia sino también de sus hijas e hijos. De ahí la importancia de renovar las medidas y de hacer efectivos todos los mecanismos de acción que el Estado tiene a disposición de las mujeres para su resguardo”, indicó Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del INAMU.

Se debe garantizar la respuesta del Estado en todas las aristas que componen la atención integral, y eso implica un trabajo coordinado, mancomunado con todas las instituciones que componen el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y principalmente, que el Poder Judicial tome en consideración aspectos necesarios de enfoque de género en las investigaciones que analicen las conexiones que existen entre la violencia perpetrada y la violación a otros derechos humanos y  así reconocer la gravedad de los hechos y el riesgo de femicidio. Es de gran importancia reactivar las medidas cautelares y de protección cada vez que sea necesario, las víctimas no deben confiarse a pesar de que el agresor baje el perfil o se aleje un tiempo. A pesar de lo que se crea y aunque no es una garantía, la mayoría de las veces, las medidas sí funcionan.

Estamos realizando importantes esfuerzos para aumentar los espacios de denuncia, sobre todo en las regiones. Nos hemos acercado a las comunidades más alejadas y a las mujeres más vulnerables, pero este es un asunto que no solo le compete al Estado. Toda la ciudadanía debe comprometerse; estar observantes a las señales de alerta y promover la denuncia, buscar los mecanismos institucionales y las redes de apoyo.

“Instamos a las autoridades judiciales a ajustar criterios de investigación, de servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres de manera que se garantice la debida diligencia, el enfoque de género y el acceso a la justicia de todas las víctimas de violencia contra las mujeres. Consideramos que se debe aplicar con rigurosidad el inciso d) del artículo 239 del Código procesal penal que posibilita la prisión preventiva si hay riesgo para la víctima, por ejemplo, en casos de ofensores que acumulan denuncias sucesivas por violencia doméstica. Adicionalmente, es indispensable que se genere una mejor articulación para que Fuerza Pública y las víctimas estén al tanto del vencimiento o modificación en las medidas y así no ocurra una muerte más como la de Katherine y que no haya quedado al descubierto y sin protección, temas que deben revisarse y analizarse”, coinciden las jerarcas.

“El llamado es para que todas las mujeres, familiares, amigas y amigos y la sociedad en general estemos alertas, la violencia contra las mujeres no da tregua, pero unidas somos más fuertes. #BastaYa de violencia contras las mujeres”, indicó Quesada Hernández.

La Subcomisión Interinstitucional de Prevención de Femicidios ha catalogado, al 9 de octubre, que durante el año se han registrado 18 femicidios. El compromiso del INAMU es y seguirá siendo avanzar en la construcción de una sociedad que les garantice a las mujeres sus derechos humanos, incluido por supuesto su derecho a una vida libre de violencia.

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