El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Horacio Alvarado, presentó este martes un proyecto de ley para reformar el Código Electoral y establecer la obligatoriedad del voto tanto para las elecciones municipales como nacionales.
En las justificaciones del expediente 23.350, el legislador muestra su preocupación por los altos niveles de abstención en los procesos electorales.
“Los resultados de las elecciones del 3 de febrero de 2022, colocaron la abstención como uno de los principales fenómenos políticos actuales de la vida democrática de la sociedad costarricense. El porcentaje de electores que no acudieron a votar superó levemente el de 1998: prácticamente uno de cada tres ciudadanos inscritos no votó”, indica el texto.
“Este porcentaje creciente de electores que no votan abre preguntas sobre la legitimidad de quien resulte electo como presidente, puesto que son cada vez menos los costarricenses que al final le dan su apoyo. Así, por ejemplo, con los niveles de abstención de las dos últimas elecciones, un candidato puede ganar las elecciones con el apoyo de solamente el 27.6% de todos los electores inscritos”, se cuestiona el legislador.
Alvarado señala además que esos niveles de abstencionismo son incluso mayores en las elecciones municipales.
“Creemos que esta iniciativa de ley invocará una mayor participación de las personas en la importante decisión de elegir a sus gobernantes locales, de manera responsable y estudiando a los postulantes, de esta manera se fortalecerá también la capacidad institucional de los gobiernos locales permitiendo la plena participación ciudadana en las políticas públicas, pues se creará un sentimiento de arraigo y cultural, logrando que el ciudadano se sienta más cercano a su municipio y partícipe incluso como fiscalizador de acciones y en rendición de cuentas”, agrega el
Multa
La reforma que propone el legislador del PUSC establece que la persona que esté en condiciones de votar y no tenga una justificación para no hacerlo, se le podrá aplicar una multa de uno a tres salarios base.
Eso significa que dicha sanción podría ir desde los ¢462.200 hasta los ¢1.3 millones.
El monto recaudado por tales efectos, será destinado para fortalecer los mecanismos de capacitación del Tribunal Supremo de Elecciones.
El proyecto inicia ahora su trámite legislativo.
Puedes seguir a Puntarenas Se Oye en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de Puntarenas.
