La visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a Costa Rica ha generado preocupación en familiares de personas privadas de libertad en el país.
La posibilidad de que su modelo penitenciario, caracterizado por cárceles de alta capacidad y un régimen severo, sea considerado por el gobierno costarricense ha encendido las alarmas entre grupos de defensa de derechos humanos.
Un modelo polémico
Bukele, conocido por su política de mano dura contra las pandillas en El Salvador, inauguró en 2023 el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión con capacidad para 40,000 reclusos.
Su enfoque, que ha sido aclamado por algunos sectores como una solución efectiva contra el crimen, también ha atraído fuertes críticas de organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Estas entidades han documentado violaciones a los derechos humanos en el CECOT, incluyendo detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y trato inhumano a los prisioneros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha señalado los abusos en El Salvador, subrayando que las políticas de Bukele pueden reducir temporalmente el crimen, pero al costo de erosionar el respeto por los derechos humanos y los procesos legales.
Temor de familiares en Costa Rica
Familiares de reclusos costarricenses, organizados en grupos como Familia Penitenciaria Unida (FPU), expresan que importar el modelo de Bukele representaría un cambio drástico en el enfoque de rehabilitación que ha caracterizado a Costa Rica.
“Nos preocupa que se adopte un modelo que ve a las personas privadas de libertad como un problema a encerrar, no a rehabilitar”, indicó un representante de FPU.
En un comunicado, FPU destacó que el sistema penitenciario en Costa Rica debe mantener su enfoque en la rehabilitación y el respeto a los derechos humanos.
“No queremos una política que, bajo la apariencia de combatir la inseguridad, recurra a medidas extremas que atentan contra la dignidad humana”, afirmó la organización.
Propuestas para una seguridad integral
Para la FPU y otros grupos de defensa de derechos, la solución a los problemas de seguridad en Costa Rica no debe basarse únicamente en la construcción de nuevas cárceles o en un régimen más restrictivo.
Ellos proponen en su lugar un enfoque integral que incluya mejorar la infraestructura carcelaria existente, capacitar al personal penitenciario y promover programas de rehabilitación para los internos.
“Necesitamos soluciones que ataquen las raíces de la criminalidad, como la educación y el acceso a servicios de salud, en lugar de optar por medidas de castigo extremas”, expresaron voceros de FPU.
Además, recalcaron la importancia de abordar la crisis de seguridad desde una perspectiva que valore los derechos humanos y promueva la inclusión social.
Reflexiones de expertos en justicia penal
Expertos en derecho y criminología también han manifestado inquietud ante la posibilidad de que Costa Rica siga el camino de El Salvador.
La abogada penalista Laura Jiménez opina que “importar el modelo salvadoreño sería un retroceso en los avances que Costa Rica ha logrado en derechos humanos y justicia penal”.
Según Jiménez, es fundamental que el país mantenga su compromiso con la justicia social y la reinserción de las personas privadas de libertad.
En Costa Rica, el tema ha abierto un debate en la opinión pública sobre cuál es la mejor forma de abordar los desafíos de seguridad en el país.
Los familiares de reclusos han pedido a las autoridades que se enfoquen en un modelo de justicia integral, que combine seguridad con respeto a la dignidad de los prisioneros y promueva su reinserción en la sociedad.
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