Este martes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrestaron a tres mujeres y dos hombres, sospechosos del delito de Trata de Personas con Fines de Adopción Irregular.
Las detenciones fueron realizadas por la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
La investigación se inició en octubre de 2022, tras un informe presentado por la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) al Ministerio Público.
El informe, remitido en agosto de ese año, señalaba irregularidades administrativas en trámites de adopción en la Oficina Local del PANI de Cariari de Pococí.
Durante la investigación, se identificó a los sospechosos y se detectaron irregularidades en la ubicación de menores de edad.
Se descubrió que los procesos de adopción no se realizaban de manera adecuada, se proporcionaban falsos testimonios para separar a los menores de sus familias biológicas y ubicarlos en familias adoptivas.
Estas familias, posteriormente, formaban parte de un programa que les otorgaba ayuda económica del PANI mientras se resolvía la tutela de los menores en instancias judiciales.
A raíz de estas sospechas, se realizaron allanamientos en las Oficinas del PANI de Cariari, la sede de Puerto Jiménez en Puntarenas, el Departamento de Atención Regional Inmediata del PANI en Alajuela, la sede del PANI en Orotina y un centro integral en Santa Ana, San José, para recolectar evidencia relevante.
Las detenciones ocurrieron en distintas zonas del país, incluyendo Guácimo, Siquirres, Pococí, Puerto Jiménez y Orotina. Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.
Las investigaciones continúan para determinar si estos funcionarios habrían recibido algún tipo de beneficio económico.
Detenidos:
– Hernández, 31 años
– Fernández, 42 años
– Chavarría, 48 años
– Barrantes, 61 años
– Chacón, 39 años
Reacción del PANI
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) anunció, el 7 de agosto, que había presentado una denuncia en el Ministerio Público y dictado medidas cautelares de suspensión de labores contra 7 funcionarios y funcionarias
La denuncia judicial se presentó en el 2023 por supuestas irregularidades en el Proceso Especial de Protección, que son las acciones psicosociales y legales que se dictan para garantizar la atención integral de las niñas, niños y
adolescentes.
Las medidas cautelares, dictadas en julio del 2024, ordenaron la suspensión de labores a Trabajadores Sociales, Abogados, Psicólogos y un Coordinador que laboran en diferentes partes del país.
Estas medidas son parte de la
investigación preliminar y son prorrogables.
“Las acciones judiciales de esta mañana son el resultado de la denuncia interpuesta por el Patronato Nacional de la Infancia y de la coordinación y trabajo colaborativo con el Poder Judicial. Estamos complacidos por ver una autoridad judicial diligente y accionando desde sus competencias, ante la interposición de nuestra denuncia.”, indicó la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Kennly Garza.
