La actuación de los funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR) que participaron como miembros del Comité de Inversiones en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en febrero de 2020, está bajo escrutinio del Ministerio Público (MP).
La adquisición fue realizada por el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) de la Sociedad de Fondos de Inversión (BCR SAFI), y ahora es objeto de una investigación por posibles irregularidades.
La Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (Fapta) recibió un informe de la junta directiva de BCR SAFI, presentado este lunes, que detalla actos cuestionables en la adquisición del inmueble ubicado en Esparza, Puntarenas.
El informe, denominado Relación de Hechos, sugiere que la compra pudo haberse realizado con un sobreprecio significativo y que se destruyó equipo electrónico que podría haber contenido información relevante.
El Ministerio Público confirmó la recepción de la denuncia, la cual será evaluada para determinar si se incorpora en el expediente existente (21-000209-1218-PE) o si se abre una nueva investigación.
Las posibles irregularidades incluyen administración fraudulenta y destrucción de pruebas electrónicas, relacionadas con la adquisición del PEP, que se compró por $70,9 millones, aunque el precio de mercado ha caído drásticamente a $28,9 millones en 2024.
Manfred Sáenz, gerente corporativo jurídico de BCR SAFI, explicó en una entrevista que el informe de auditoría interna del BCR revisó las actuaciones del Comité de Inversiones y recomendó investigar penalmente a otros funcionarios por posible incumplimiento de deberes.
Esta investigación forma parte de un esfuerzo más amplio por revisar todas las compras de inmuebles realizadas por SAFI en los últimos años, ante denuncias de posibles fallos del Comité de Vigilancia.
Una de las propiedades cuestionadas es el PEP, cuyo valor se desplomó en $42 millones en un período de cuatro años.
Esta pérdida ha generado indignación entre los inversionistas del fondo, quienes exigen la recuperación de los recursos, iniciándose recientemente la venta de activos.
Además, la Fiscalía ha recibido informes que sugieren que no solo el PEP fue comprado con sobreprecio, sino también otras 10 propiedades, sumando un exceso de $92 millones sobre el valor real de los inmuebles.
El proceso de auditoría, que ha tardado casi tres años, incluyó la contratación de asesores legales, valuadores expertos y una empresa proveedora de imágenes satelitales certificadas.
El informe final fue entregado en junio de 2023, lo que llevó al despido de varios altos funcionarios del BCR SAFI sin responsabilidad patronal.
La directiva de BCR SAFI ha justificado la demora en la presentación del informe ante el Ministerio Público como parte del debido proceso para no interferir en la investigación paralela en curso y asegurar la solidez del caso presentado ante las autoridades judiciales.
