El Ministerio Público ha decidido apelar la decisión del Juzgado Penal de Goicoechea que rechazó la solicitud de medidas cautelares para los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) involucrados en un caso de adopciones irregulares.
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes había solicitado que se impidiera la salida del país de los sospechosos, se les retirara el pasaporte y se les prohibiera contactar a testigos.
El rechazo del Juzgado se basó en la falta de probabilidad en la solicitud de medidas cautelares de naturaleza penal.
Sin embargo, el Ministerio Público insiste en que la evidencia es suficiente para justificar estas medidas y ha interpuesto un recurso de apelación, esperando una nueva audiencia donde se reiterará la solicitud ante el Tribunal Penal.
El caso, bajo la causa 22-000028-1321-PE, está relacionado con supuestas irregularidades en el proceso de adopciones entre 2020 y 2022.
Los fiscales alegan que los funcionarios manipulaban información para remover a menores de sus familias originales y facilitar adopciones a familias con mejores capacidades económicas.
En esta trama, se habría incluido información falsa en los dictámenes, acusando a las familias de consumo de drogas, entre otros hechos.
Los funcionarios del PANI fueron detenidos tras seis allanamientos en oficinas del Patronato y en el Hogar Montiel.
Aunque los imputados están suspendidos administrativamente, no se ha solicitado prisión preventiva. La denuncia, presentada en 2023, surgió a raíz de presuntas anomalías en la protección de menores de edad.
El PANI también ha tomado medidas cautelares contra siete funcionarios por irregularidades en el proceso de protección infantil.
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