PANI presenta denuncia judicial y dicta medidas cautelares por supuestas irregularidades en el proceso especial de protección
• Dicta medidas cautelares contra 7 funcionarios y funcionarias de suspensión de labores.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) presentó una denuncia en el Ministerio Público y dictó medidas cautelares contra 07 funcionarios y funcionarias por supuestas irregularidades en el Proceso Especial de Protección de niños, niñas y adolescentes.
La denuncia judicial fue interpuesta en el 2023 por supuestas irregularidades en las acciones psicosociales y legales que se dictan para garantizar la atención integral de las personas menores de edad.
Las medidas cautelares, dictadas durante julio, ordenan la suspensión de labores a Trabajadores Sociales, Abogados, Psicólogos y un Coordinador que laboran en diferentes partes del país. Estas medidas son parte de la investigación preliminar y son prorrogables.
El Proceso Especial de Protección se refiere a todas las acciones psicosociales y legales que dicta la administración para garantizar el interés superior de la persona menor de edad, e incluye el dictado de medidas de protección que van desde la orientación, apoyo y seguimiento, hasta él cuido provisional en familias sustitutas y el abrigo temporal en entidades públicas y privadas. Este procedimiento garantiza el principio de defensa y debido proceso sobre las decisiones administrativas que pretenden resolver algún conflicto sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Para la Presidenta Ejecutiva del PANI, Kennly Garza, “Esta administración es cero, tolerante a las supuestas faltas de los funcionarios y tomará todas las medidas administrativas y judiciales que correspondan. El accionar del PANI y cada una de las personas que laboramos, debe responder al interés superior de cada niño, niña y adolescente. Por ello, supervisar de manera constante que, cada decisión administrativa del Proceso Especial de Protección responda a este interés, es prioridad”.
En este sentido, se presentará una modificación al Proyecto de Ley 23.672 “Mejoramiento de la gestión y fortalecimiento del Proceso Especial de Protección en aras de su desinstitucionalización” con el fin de monitorear y supervisar la condición de los niños, niñas y adolescentes en las alternativas de protección, la permanencia de las medidas de cuido provisional y abrigo temporal y una revisión periódica de su condición legal (tanto administrativa como judicial).
Asimismo, y en el marco del trabajo conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se desarrollará, con el apoyo de un auditoraje externo, un nuevo modelo de acogimiento familiar con el fin de fortalecer esta alternativa que garantiza a las niñas, niños y adolescentes crecer en una familia como el mejor entorno protector y el espacio para su desarrollo integral.
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