Álvaro Ramos pide levantar inmunidad a Rodrigo Chaves para que enfrente acusación por concusión
El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, pidió este lunes que se le levante la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves Robles, luego de que la Fiscalía General presentara una acusación formal por el presunto delito de concusión.
El caso se relaciona con la contratación de servicios de comunicación por $405.800 para Casa Presidencial, financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Debe responder ante la justicia y la inmunidad le debe ser levantada”, declaró Ramos, ex presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien se postula como candidato del PLN para las elecciones de 2026.
Oposición también exige rendición de cuentas
La acusación desató reacciones inmediatas en el Congreso, donde los jefes de fracción de partidos de oposiciónexhortaron al presidente a renunciar a su inmunidad para enfrentar el proceso judicial.
“Por un tema de transparencia, el señor Presidente debería dejar de lado la inmunidad… si no lo hace, sería preocupante”, dijo Diego Vargas, jefe de bancada del Partido Liberal Progresista, quien aseguró que su fracción votará a favor del levantamiento si el tema llega al Plenario.
Un testigo clave: Christian Bulgarelli
El productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, dueño de RMC La Productora S. A. y ganador del contrato con el BCIE, es el testigo clave del caso. A cambio de colaborar con el Ministerio Público, no será acusado por su participación en los hechos.
La Fiscalía sostiene que el contrato fue diseñado para beneficiar a Bulgarelli y, de forma indirecta, a Federico “Choreco” Cruz Saravanja, exasesor de imagen de Chaves, quien habría recibido $32.000 como parte del acuerdo.
¿Qué es el delito de concusión?
De acuerdo con el artículo 355 del Código Penal, comete concusión el funcionario que “abusando de su calidad o funciones, obligue o induzca a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o un tercero, un bien o beneficio patrimonial”. Este delito se castiga con hasta ocho años de cárcel.
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