Asamblea Legislativa está solicitando al presidente Rodrigo Chaves explicaciones urgentes sobre el ingreso de militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador al país.
Los efectivos forman parte de la «misión humanitaria» enviada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para asistir en la emergencia por lluvias en Costa Rica, que ha afectado gravemente a varias regiones del país.
Aunque el Ministerio de Seguridad Pública informó sobre la llegada de rescatistas y personal de primera respuesta, las fotos compartidas por el gobierno muestran a funcionarios de las Fuerzas Armadas.
Incluso la cuenta de X de la Defensa salvadoreña confirmó que los efectivos enviados son militares, lo que ha despertado inquietud en la Asamblea Legislativa.
Debate constitucional y posiciones en conflicto
Según el artículo 121, inciso 5 de la Constitución Política de Costa Rica, es obligación de la Asamblea aprobar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.
El abogado constitucionalista Marvin Carvajal comentó que la Constitución no distingue el propósito de la entrada de militares, por lo que se requiere el consentimiento de los diputados en todos los casos.
Algunos legisladores han expresado su preocupación por este posible incumplimiento del orden constitucional.
Gloria Navas, diputada independiente, anunció que se ha dado una hora al gobierno para aclarar el asunto.
La socialcristiana Vanessa Castro señaló que, si bien se agradece la ayuda humanitaria, la entrada de soldados sin permiso representa una amenaza a la soberanía nacional.
Por su parte, Pilar Cisneros, del oficialismo, defendió la acción del gobierno, afirmando que no se necesita permiso legislativo, ya que la mayoría del personal salvadoreño está compuesto por bomberos y policías.
“No tenemos que pedir ningún permiso… solo hay un grupito de militares expertos en rescate,” declaró Cisneros, quien añadió que los brigadistas traen ayuda humanitaria, incluyendo alimentos y perros de rescate.
El ministro de Seguridad Mario Zamora confirmó que los militares ingresaron desarmados y que su función se centra en la atención de la emergencia. Según Zamora, los 300 brigadistas presentes en el país no portan armas de fuego.
Contexto y próximos pasos
La Asamblea Legislativa deberá analizar si procede exigir una acción más formal del gobierno, mientras algunos diputados ven esto como una violación a la soberanía y exigen que se cumpla con los requisitos constitucionales.
La situación plantea una posible controversia entre la independencia de poderes y las acciones ejecutivas en situaciones de emergencia.
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