La Comisión Legislativa que investigó las contrataciones de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) ha recomendado que el Ministerio Público investigue a varios integrantes del «Comité Editorial» de Casa Presidencial por el supuesto delito de tráfico de influencias.
Este comité incluye a Jorge Rodríguez Vives, Natalia Díaz Quintana, Rodrigo Chaves Robles, Federico Cruz Saravanja y la diputada Pilar Cisneros Gallo. Los diputados Ariel Robles (Frente Amplio), Vanessa Castro (Partido Unidad Social Cristiana), Dinorah Barquero y Danny Vargas (Partido Liberación Nacional) firmaron el informe.
Los legisladores concluyeron que la agencia de publicidad del Sinart fue utilizada para concentrar la publicidad del Estado y asignarla a medios favorables al gobierno, en detrimento de criterios técnicos y profesionales.
La agencia de publicidad del Sinart, creada para asegurar la sostenibilidad financiera de la entidad, se convirtió en una herramienta para la manipulación política de fondos públicos bajo el lema de «democratización de la pauta«.
El informe detalla que, sin la agencia de publicidad, el Sinart estaría en quiebra. La administración actual presentó cuatro objetivos para la agencia: fortalecer al Sinart como un canal pro-gobierno, castigar a los medios tradicionales, invertir en medios más pequeños y disponer de presupuestos de producción para desarrollar proveedores aliados o pagar favores políticos.
Según los diputados, estos objetivos encubrían una manipulación política de los presupuestos de publicidad.
El informe también señala que Federico Cruz Saravanja actuó como funcionario de facto, gestionando contratos y decisiones sobre fondos públicos sin la debida autoridad.
Además, cuestiona la participación de la diputada Pilar Cisneros en el Comité Editorial, considerando su incompatibilidad según la Constitución.
Se recomienda investigar también a Esmeralda Britton González, presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), por posible tráfico de influencias y falso testimonio, ya que supuestamente trasladó un programa de televisión a Sinart por órdenes del presidente Chaves Robles, en contra de los criterios técnicos.
Otros funcionarios del Sinart y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) también fueron señalados por presuntas irregularidades en las contrataciones.
El informe menciona un contrato adjudicado a RMC la Productora S.A. por $405,800, supuestamente favorecido por el presidente Chaves Robles y otros funcionarios, violando la normativa de contratación vigente.
Se sugiere que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigue la participación de la diputada Cisneros en el Comité Editorial.
Finalmente, el informe, aprobado por cuatro diputados, será votado en el Plenario tras una investigación que duró nueve meses y 32 sesiones, con 42 audiencias.
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