La Contralora General de la República, Marta Acosta, ha expresado su preocupación sobre el proyecto de ley Jaguar en su segunda versión, afirmando que la propuesta del Gobierno busca «cercenar competencias» de la Contraloría General.
En un análisis enviado a la Sala Constitucional, Acosta señaló que la reforma plantea modificaciones a la Ley Orgánica de la Contraloría que podrían debilitar el sistema de fiscalización y contratación pública, generando inseguridad jurídica.
Acosta destacó que, aunque el Gobierno asegura haber incorporado recomendaciones de la Sala Constitucional en esta versión del proyecto, la esencia del mismo sigue siendo inconstitucional.
La Contralora advirtió que la técnica de redacción utilizada podría llevar a antinomias y contradicciones en el marco normativo, afectando gravemente el control y fiscalización de la hacienda pública.
Además, Acosta criticó la reforma propuesta al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, afirmando que permitiría la contratación directa de obras públicas, lo que incrementaría los riesgos de corrupción.
Según la Contralora, esta reforma no se justifica y podría ser una fuente significativa de litigios y conflictos legales, afectando la certeza del Derecho y el modelo de control externo establecido en la Constitución.
El proyecto de ley Jaguar sigue siendo objeto de escrutinio, con consultas en la Sala Constitucional tanto por parte del Tribunal Supremo de Elecciones como de la Contraloría.
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