El proyecto de ley conocido como la “Ley Jaguar”, impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves, tiene potenciales repercusiones en el funcionamiento del Poder Judicial, según un informe reciente de la Dirección Jurídica del Poder Judicial.
Este análisis, que incluye observaciones de la Auditoría Judicial, fue presentado a la Corte Plena el pasado lunes, donde se advirtió sobre los efectos que podría tener la iniciativa si llega a ser aprobada en la Asamblea Legislativa y posteriormente en referéndum.
El informe evalúa cómo la «Ley Jaguar«, que propone modificar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, podría generar un debilitamiento en las funciones de control que ejerce esta entidad, lo que afectaría de manera indirecta a otras instituciones públicas, incluido el Poder Judicial.
De acuerdo con el criterio técnico, esta reforma podría alterar el sistema de auditoría institucional, con consecuencias importantes en las funciones de control preventivo.
El documento de la Dirección Jurídica expresa que, aunque la propuesta del Ejecutivo se centra en reformas a la Contraloría, existen modificaciones tácitas que podrían debilitar las competencias de la Auditoría Judicial, dependiente de la Contraloría General.
Este cambio podría limitar la capacidad de control interno del Poder Judicial y reducir su efectividad para detectar y prevenir irregularidades dentro de su funcionamiento.
Consecuencias para la Auditoría Judicial
El subauditor judicial, Roy Díaz Chavarría, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se limiten las facultades de la Contraloría, lo cual repercutiría en las auditorías internas de todas las instituciones públicas.
“Dejar de lado el control preventivo nos retrocede a una época donde las auditorías llegaban después del daño. Si la administración activa puede tomar todas las decisiones sin que la Contraloría emita advertencias, las auditorías internas también perderían esa capacidad de intervenir oportunamente”, explicó Díaz.
Este debilitamiento, según el informe, afectaría el sistema de control interno de instituciones públicas como el Poder Judicial, ya que la Auditoría Judicial dejaría de contar con el respaldo normativo para actuar de manera preventiva.
División de opiniones en la Corte Plena
La Corte Plena discutió el informe durante su sesión, y aunque 10 magistrados aprobaron el documento que establece que las reformas impulsadas no afectarán directamente al Poder Judicial, 7 magistrados votaron en contra.
Entre los disidentes, se consideró que las reformas sí tendrán un impacto en el control interno de la institución.
La magistrada Damaris Vargas, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, defendió que la «Ley Jaguar» no incide en la organización del Poder Judicial ni en su funcionamiento, y por lo tanto, no requiere de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para su aprobación.
En su opinión, las posibles limitaciones a las auditorías judiciales no tendrían un impacto significativo, ya que la administración del Poder Judicial podría ajustar sus mecanismos de control interno sin mayores dificultades.
No obstante, quienes votaron en contra del informe señalaron que la falta de control preventivo en las auditorías institucionales podría generar un ambiente propicio para que las irregularidades se presenten sin la debida fiscalización, lo que afectaría directamente a la transparencia en el uso de los recursos públicos dentro del Poder Judicial.
Conclusiones del análisis
A pesar de la división de opiniones, la Corte Plena decidió que el proyecto de ley no afecta de manera directa al Poder Judicial. Sin embargo, las advertencias del informe sobre el impacto indirecto de la reforma a la Contraloría plantean un panorama de incertidumbre para las auditorías internas de las instituciones públicas en general.
El control preventivo, que actualmente permite detectar irregularidades antes de que se materialicen, podría verse reducido, debilitando así la capacidad de la Auditoría Judicial para intervenir oportunamente.
El debate sobre la «Ley Jaguar» continúa, con múltiples sectores atentos a las implicaciones que tendrá su eventual aprobación en el sistema de control institucional del país.
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