Política

Nueva República impulsa sanciones más duras contra el vandalismo

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El diputado Yonder Salas Durán, del partido Nueva República (NR), presentó un proyecto de ley para aumentar significativamente las sanciones contra quienes realicen graffitis, rayados o pintas no autorizadas en bienes públicos y privados.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.928, pretende modificar los artículos 229 y 394 del Código Penal, así como el artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico (Ley 7555), para convertir estas acciones en delitos más graves bajo el nombre de “vandalismo”.

Multas millonarias y cárcel por rayar sin permiso

Actualmente, pintar o rayar paredes sin autorización se considera una contravención que se sanciona con una multa entre 10 y 60 días multa. Sin embargo, la propuesta de Salas eleva la multa a tres salarios base (₡1.363.600) para quienes rayen o dañen paredes, casas, vehículos y otros bienes sin permiso del dueño.

“Denuncia

En el caso de iglesias o edificios públicos, la multa sería de cinco salarios base (₡2.311.000). Si el inmueble afectado está declarado patrimonio histórico-arquitectónico, la pena podría aumentar a entre dos y cinco años de prisión incomutable, es decir, sin posibilidad de reducción o medidas alternas.

También se endurecen castigos por daño agravado

El proyecto también reforma el artículo 229 del Código Penal para aumentar las penas por daño agravado, elevando la prisión de los actuales 6 meses a 4 años, a 2 a 6 años. Esto aplicaría para daños a bienes de valor cultural, religioso, científico o artístico, cuando estén al servicio o confianza del público, o cuando el acto lo cometan tres o más personas, especialmente si se hace con violencia o afecta infraestructura como vías públicas o telecomunicaciones.

Otros cambios incluidos

La iniciativa también introduce un nuevo artículo 394 bis, que reorganiza las sanciones por el uso de pesas o medidas falsas en el comercio, actualmente contenidas en el mismo artículo del vandalismo.

El proyecto deberá ahora ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite ordinario.

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