Si usted deposita mensualmente una pensión alimentaria o administra ingresos de ese tipo, esta nota le interesará.
Un proyecto de ley impulsado por el diputado de Nueva República (NR) David Segura plantea que las autoridades judiciales puedan solicitar facturas y rendición de cuentas a quienes reciben el dinero, con el objetivo de asegurar que los recursos sean exclusivamente utilizados para la atención de las personas menores de edad.
La rendición de cuentas no podrá solicitarse más de una vez en un año calendario y deberá versar sobre rubros demostrables contemplados en la cuota alimentaria durante los últimos seis meses.
“La mayoría de las madres y padres que reciben pensión alimentaria para sus hijos utilizan de manera correcta ese dinero. Pero unas cuantas no pueden seguir, de manera impune, aprovechándose de los padres que se matan trabajando por pagar la pensión y que, al final, sus hijos no reciban los beneficios de ese dinero. Resulta esencial establecer mecanismos que faculten a las autoridades judiciales correspondientes para exigir rendición de cuentas en un asunto que es fundamental para el desarrollo integral de las personas menores de edad. El dinero debe servir para suplir las necesidades básicas de los menores, sin importar el monto fijado por pensión alimentaria, que es precisamente lo que se pretende garantizar”, explica el diputado Segura.
Cambios en la Administración de Fondos
El texto de la ley señala que, cuando las autoridades judiciales comprueben que los recursos se están usando para otros fines, se podrá ordenar un cambio de administración.
El dinero no se le estaría depositando directamente a quien lo malgastó, sino a un familiar cercano o, de ser necesario, se nombraría un garante que maneje los fondos de forma adecuada.
Además, la autoridad judicial podrá pedir una rendición de cuentas a petición del menor de 12 años, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), o la persona que paga la pensión, siempre y cuando dicha persona esté al día en el pago de las respectivas mensualidades.
Estadísticas del Poder Judicial
A marzo del presente año, existen 191.800 expedientes activos sobre pensiones alimentarias, cuyos montos son muy variados:
- 35.224 procesos activos: hasta ¢50.000
- 78.564 procesos activos: entre ¢50.001 a ¢100.000
- 75.611 procesos activos: entre ¢100.001 a ¢500.000
- 1.898 procesos activos: entre ¢500.001 a ¢1.000.000
- 365 procesos activos: entre ¢1.000.001 a ¢2.500.000
- 80 procesos activos: entre ¢2.500.001 a ¢7.000.000
- 1 proceso activo: por una pensión superior a los ¢7.000.000 por mes
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