Presidente Chaves enfrenta amparo por declaraciones sobre caso “Tureski”
El abogado penalista Joseph Alfonso Rivera Cheves ha presentado un recurso de amparo contra el Presidente Rodrigo Chaves Robles por violar los derechos fundamentales de los imputados en el caso “Tureski” a través de declaraciones públicas que, según el abogado, comprometen el principio de presunción de inocencia, el debido proceso y la independencia judicial.
El recurso fue interpuesto ante la Sala Constitucional en respuesta a los comentarios del Presidente durante una conferencia de prensa el 13 de agosto de 2024, en los cuales calificó a los acusados como “criminales reconocidos” y criticó las decisiones del Poder Judicial.
¿Qué es el caso “Tureski”?
El caso “Tureski” se refiere a una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General y la Policía Judicial que involucra a un grupo de personas acusadas de delitos relacionados con el crimen organizado.
Sin embargo, hasta la fecha, la Fiscalía no ha presentado una acusación formal, lo que ha llevado al Tribunal de Apelación de Delincuencia Organizada a tomar medidas para liberar a los imputados por considerar que mantener las medidas cautelares sin una acusación clara equivaldría a una pena anticipada.
El caso ha generado una gran controversia pública debido a la prolongación de la investigación y la falta de avances concretos. No obstante, las declaraciones del Presidente Chaves, donde cuestionó la liberación de los acusados, han provocado un fuerte debate sobre el respeto al estado de derecho y los principios constitucionales que protegen a todos los ciudadanos, incluidos los imputados.
Las declaraciones del Presidente: ¿Una violación al debido proceso?
En su conferencia de prensa del 13 de agosto, el Presidente Chaves expresó su descontento con el fallo del tribunal, afirmando que el Poder Judicial había liberado a “criminales reconocidos” en contra de las recomendaciones de la Fiscalía General.
Además, hizo un llamado a la ciudadanía con frases como “Compatriotas, llegó la hora“, lo que algunos interpretaron como una incitación a la acción y una condena pública anticipada de los imputados.
Rivera Cheves considera que estos comentarios no solo son irresponsables, sino que además violan el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución Política de Costa Rica y en tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos.
El abogado argumenta que el Presidente ha asumido un papel autoritarista al intentar influir en la percepción pública sobre el caso y, potencialmente, en el resultado judicial.
Rivera Cheves subraya que sus clientes no han sido acusados de delitos graves como sicariato o homicidio, como ha insinuado el mandatario, lo cual genera un clima de odio sistemático hacia los imputados.
Críticas al sistema judicial y sus consecuencias
Las críticas del Presidente Chaves hacia el sistema judicial costarricense no son nuevas.
Durante su mandato, ha cuestionado varias veces las decisiones de los tribunales, alegando que en muchas ocasiones fallan en contra de los intereses del país.
En este caso particular, sus declaraciones compararon el sistema judicial de Costa Rica con los de países bajo regímenes autoritarios como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Estas comparaciones han sido percibidas como un ataque directo a la independencia judicial y a la institucionalidad del país, algo que Rivera Cheves denuncia como un intento de deslegitimar el sistema democrático costarricense.
El abogado también cuestiona la base de las críticas del Presidente, señalando que Chaves no tiene acceso al expediente del caso “Tureski” y que, por lo tanto, desconoce los detalles específicos del proceso.
Según Rivera Cheves, el Presidente está manipulando la opinión pública con información incompleta, lo que podría poner en peligro la integridad física y moral de los imputados, así como afectar su derecho a la imagen.
El recurso de amparo: ¿Qué se busca?
El recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional tiene varios objetivos clave.
En primer lugar, Rivera Cheves busca que se suspendan de inmediato las declaraciones públicas del Presidente que puedan interferir en el desarrollo del proceso judicial.
También solicita que la Sala Constitucional ordene al Poder Ejecutivo abstenerse de hacer comentarios que puedan influir en el juicio mediático de los acusados, argumentando que estos comentarios no solo perjudican a los imputados, sino que además representan un abuso de poder por parte del mandatario.
Además, el abogado pide una investigación sobre las declaraciones de Chaves por presunta violación de los derechos de confidencialidad del caso al divulgar información sobre un proceso del cual no forma parte.
Según el recurso, esto podría constituir el delito de divulgación de secretos, lo que abriría un nuevo frente de responsabilidad legal para el Presidente.
Finalmente, el recurso de amparo exige que se protejan los derechos de los imputados al debido proceso y a la presunción de inocencia, argumentando que los comentarios de Chaves comprometen estos principios fundamentales.
Rivera Cheves también señala que este tipo de intervenciones del Ejecutivo podrían generar un precedente peligrosopara futuros casos, debilitando la confianza en el sistema judicial y socavando el estado de derecho en Costa Rica.
Impacto en la imagen del Presidente y el sistema judicial
El recurso de amparo ha generado una nueva ola de críticas hacia el Presidente Chaves, quien ha sido señalado en varias ocasiones por interferir en asuntos judiciales y desacreditar el trabajo de los jueces.
Aunque algunos sectores de la población apoyan la postura del Presidente, otros temen que sus comentarios puedan derivar en una erosión de los principios democráticos que han sostenido el país durante décadas.
Por otro lado, el Poder Judicial ha mantenido su postura de no comentar públicamente sobre el caso, señalando que el proceso sigue en curso y que todas las partes involucradas deben respetar el principio de imparcialidad.
Sin embargo, algunos expertos han advertido que la retórica del Presidente podría influir en la percepción de los jueces y fiscales encargados del caso, lo que plantearía serias dudas sobre la imparcialidad de futuras decisiones.
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