Tribunal declara sin lugar medida cautelar interpuesta por la Fundación Omar Dengo para suspender acuerdo que dio por finalizado el PRONIE
El Tribunal Contencioso Administrativo declaró sin lugar la medida cautelar solicitada por la Fundación Omar Dengo contra el Estado y el Consejo Superior de Educación (CSE) a fin de suspender la decisión del CSE que dio por finalizado el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE), que hasta el pasado 6 de mayo administró la FOD.
Ante esta resolución, la Procuraduría General de la República interpuso una adición para que el juez resuelva la contracautela por medio de la cual el Estado pretende la recuperación de los más de 215.000 activos en poder de la Fundación.
La FOD compró bienes con fondos públicos, entre estos 15 vehículos, y los puso a su nombre.
Proceso de recuperación. Hasta este día, la Fundación Omar Dengo únicamente ha devuelto al Ministerio de Educación Pública 162 equipos que utilizaban asesores nacionales.
Desde el pasado 5 de mayo, el Ministerio de Educación Pública entregó a la FOD las guías requeridas para llevar a cabo un traslado responsable de los bienes y, como paso fundamental le solicitó entregar el inventario de activos debidamente certificado con información de las facturas, contratos y estado de los bienes.
No obstante, la Fundación únicamente ha entregado información incompleta, sin certificar y en formatos que impiden hacer una revisión y conteo que permita constatar los 215.000 activos que indicaron haber adquirido en el marco del convenio PRONIE-MEP-FOD.
“No sería responsable recibir los bienes en esas condiciones. Hemos planteado solicitudes de información a la FOD que hasta el momento no han sido cumplidas”, detalló Mónica Acosta, Oficial Mayor del MEP.
La Fundación interpuso un proceso de consignación de activos ante el Juzgado Contencioso Administrativo con la pretensión de que se acepte la oferta de entrega y consignación de equipos.
La FOD quiere que el MEP asuma el costo del traslado de los equipos por un monto de $157.040 que incluiría la movilización de 60 contenedores (a un costo de $2.500 por cada servicio) y el alquiler y pago de un montacargas por cuatro semanas ($7.040), más el pago del salario de 25 personas durante cuatro semanas.
También pretenden que el Ministerio asuma el pago de los costos generados por los tres contratos que suscribieron, por decisión unilateral, para resguardo de los bienes. Los costos ascienden a $17.873 por mes.
En este momento, el proceso de consignación está siendo atendido por la Procuraduría General de la República.
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