Artículo de opinión de Greysa Barrientos Núñez quien es fiscal adjunta de la Fiscalía de Impugnaciones del Ministerio Público.
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, con el objetivo de crear consciencia del fenómeno que hoy aqueja a nuestra sociedad, a la vez que conmemora la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue ratificada por Costa Rica por decreto ejecutivo No. 33540 el 9 de enero del 2007.
La Convención destaca lo que se viene confirmando como un fenómeno transnacional: que la corrupción afecta de forma más grave a los más pobres y necesitados, porque desvía los fondos destinados al desarrollo de un país, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras.
La resolución 1/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró la corrupción como un fenómeno que se caracteriza por el abuso del poder o la desviación de este, desplazando con ello el interés público para el beneficio personal.
La corrupción impacta directamente los sectores importantes del desarrollo y crecimiento de un país que, generalmente, son los más vulnerables. Me refiero a los que tienen que ver con el desarrollo humano, y que se refleja en la desmejora de los servicios, porque hay menos suministros y personal médico, menos profesores, menos ayuda alimentaria, entre otros.
La corrupción también impacta la estabilidad y la gobernanza de un país, porque crea desconfianza en instituciones públicas, un menor apoyo a la democracia y un descontento generalizado en el gobierno. Afecta, también, el desarrollo económico, porque encontramos mercados distorsionados, siendo que, además, no permite una competencia leal entre los proveedores del Estado y encarecen los costos de los negocios.
Los efectos los vemos reflejados en la desigualdad social y de género, porque existen menos oportunidades económicas y desmejora en los servicios públicos, dejando desprovisto al Estado de la posibilidad de luchar contra delitos cuyas víctimas son las personas más vulnerables: niñez, migrantes y, mujeres, por citar algunas, y la lucha contra delitos como el tráfico sexual y la trata de personas.
El último informe de Transparencia Internacional (organización no gubernamental con sede en Berlín) denominado “Exportando corrupción 2022”, evaluó la actuación de 47 países que son los principales exportadores mundiales y los resultados comparados son los peores jamás encontrados. Y es que, tal como lo refirió su presidenta, Delia Ferreira, “las redes transnacionales corruptas de empresas y sus facilitadores causan perjuicios; expulsan a los competidos, eluden las normativas y agotan los presupuestos públicos”.
Encontramos ejemplos en América Latina de casos con gran impacto internacional, como el denominado Oderbrecht, una compañía brasileña con negocios en gran cantidad de países que ha admitido haber conformado un sistema de soborno y fraude masivo en alrededor de 12 países, por aproximadamente 10 años, e involucrando a las más diversas esferas de poder en la función pública, partidos políticos y funcionarios públicos.
Las consecuencias a corto plazo han sido múltiples. Inician con la desconfianza política, el freno de obra pública, el gasto e inversión en la investigación y recuperación de activos, y otros que todavía no terminamos de analizar y que directamente se relacionan con la economía y el impacto en la institucionalidad democrática de los países involucrados.
En Costa Rica, el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, establece que el deber de probidad obliga a todo funcionario público a orientar su labor en satisfacer el interés público, asegurándose que las decisiones que se adopten se ajusten a la imparcialidad.
A partir de este principio rector en la función pública, la Ley condena al funcionario público que hace un mal uso de su poder y abusa del mismo, favoreciendo con ello a una persona particular o a sus intereses y se olvida de los intereses de la colectividad y del interés público que es el que debe regir su actuar.
Según el índice de percepción de la corrupción que se publica anualmente por Transparencia Internacional, y que clasifica los países por los niveles percibidos de corrupción en el sector público, para el año 2021 a Costa Rica se ubica en el lugar 39 de 180 naciones. Si bien, la percepción de la corrupción para ese año creció en puntuación respecto a otros períodos, en lo que pareciera una mejora en la opinión de los costarricenses hacia ese fenómeno, se observa que, en los últimos cinco años, el país no ha tenido mucha variación en el ranking internacional.
Lo anterior puede deberse a muchos factores y los indicadores suelen ser muy sensibles; pudo haber afectado de manera directa temas relacionados con la pandemia, como políticas públicas a nivel de salud y prioridad en los planes nacionales para la atención del fenómeno.
¿Cómo enfrentar el fenómeno de la corrupción?
Pablo Sanguinetti, exvicepresidente del CAF-Banco de Desarrollo para Latinoamérica, comenta que la corrupción debe enfrentarse desde cuatro frentes. El primero tiene que ver con las reglas y el control en el ejercicio de la función pública. Y es que, si bien puede y debe existir discrecionalidad en la toma de decisiones de la persona que ejerce la función pública, si esta es excesiva, puede generar corrupción.
Es por ello que considero de suma importancia el principio de transparencia y rendición de cuentas, establecido en los artículos 9 y 11 de la Constitución Política de Costa Rica, característica esencial de un Estado democrático. Bien lo decía Thomas Paine en su libro “Los derechos del hombre” (1791): “los hombres que no rinden cuentas a nadie, no deberían tener la confianza de nadie”.
El segundo frente contra la corrupción responde a la creación de mecanismos para que se elijan a las mejores personas en la función pública, por lo que se debe de profesionalizar el servicio civil y fomentar sistemas electorales competitivos y transparentes. Considero que mejorar los procesos internos en las instituciones públicas para escoger a las personas más idóneas para cada puesto, así como en los partidos políticos (por ser las estructuras básicas de nuestra democracia) deberían comprometerse a seleccionar a las personas que sean mejores candidatas a los puestos de elección popular, asegurándose en todo momento que estas van a cumplir su función, sustentadas en valores de honestidad e integridad.
Como tercer frente de ataque a la corrupción, está la apuesta por la sociedad civil: una ciudadanía vigilante, que pueda tener acceso y exija calidad de información del quehacer de las personas funcionarias públicas y que se comprometa a exigir de estas probidad y apertura en su función.
Creo que la educación de la población que cada cuatro años se acerca a elegir a sus representantes (locales y nacionales) debe ser mejorada en torno a sus derechos, tanto en cuanto a formas de denunciar, como de los canales o plataformas propias para estos fines.
Finalmente, como punto cuarto, Sanguinetti apunta a la necesidad de procurar el control de la influencia e injerencia de los intereses privados en las decisiones del Estado, desde las normas y regulaciones. Es aquí donde se vuelve imprescindible fortalecer la institucionalidad contra los pagos y ofrecimientos de terceros privados, regular las actividades de cabildeo y los conflictos de interés de los funcionarios públicos.
Hoy más que nunca tenemos que hacer consciencia de nuestro papel en la lucha contra la corrupción y, finalmente, recuperar la confianza de la ciudadanía. Pero, para ello, todas las personas debemos comprometernos: desde el lugar en el que nos encontremos, fomentando los valores en nuestra familia y actuando con ética y probidad en las labores que realizamos día a día en nuestro trabajo.
El Día Internacional contra la Corrupción debe sensibilizarnos para que nuestras acciones, donde quiera que estemos, las realicemos conscientes de la trascendencia de las mismas en nuestra sociedad y en la institucionalidad democrática de nuestro país.
Ante esto no puede haber cabida para la ambición desmedida, el beneficio e interés privado por sobre el interés público, sino enseñar a nuestros hijos, compañeros de trabajo y colaboradores, que nuestro compromiso es con los valores de integridad y honestidad, por el interés público, conscientes que debemos luchar todos los días por fomentarlos.
Artículo de opinión de Greysa Barrientos Núñez quien es fiscal adjunta de la Fiscalía de Impugnaciones del Ministerio Público.
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