El Día Mundial de la Población, celebrado el 11 de julio, invita a una reflexión impostergable que parta de los grandes y pequeños números demográficos, pero que visualice -más allá de ellos- la vivencia efectiva de los derechos humanos.
Esa nueva configuración demográfica obliga a revisar la trayectoria del desarrollo, reflejar los múltiples rostros de las desigualdades correlacionando variables socioeconómicas, territoriales, de género, curso de vida, condición étnico-racial, situación de discapacidad, estatus migratorio, otras.
Esto es condición prioritaria para direccionar y adaptar políticas públicas basadas en un enfoque de derechos humanos que aceleren el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco de futuro compartido.
Impacto sociodemográfico de la pandemia. En la Cuarta Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo celebrada el pasado mes de junio, desarrollada en conjunto por CEPAL y UNFPA, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, presentó datos que nos acercan a la fotografía de los grandesretos acentuados en el último trienio.
América Latina y el Caribe (ALC) contabiliza el 27,2% de las defunciones reportadas en el mundo, a pesar de que solo concentra 8,4% de la población mundial (660 millones).
Más del 80% de su población vive zonas urbanas y un 35% de ella en ciudades de 1 millón o más habitantes. Tres de cada 10 hogares de la región vivían en hacinamiento en 2019, y esto llega hasta un 50% cuando hablamos de hogares en pobreza.
La región perdió 2,9 años de esperanza de vida al nacer en el 2021 respecto a 2019, en tanto el promedio mundial la pérdida fue de 1,75 años.
Si bien se prevé que volverá a subir, este efecto de la pandemia es un claro trazador de desigualdades.
La caída en el período fue significativamente mayor en América Central con 3,6 años.
La mortalidad por COVID-19 en el Caribe duplica la del resto de la región, y -advierte el informe- que los fallecimientos entre personas mayores de pueblos indígenas y afrodescendientes
provoca una pérdida cultural casi irreparable.
Los escenarios de riesgo y vulnerabilidad se acentúan en el caso de las mujeres. ALC pasó de una tasa general de fecundidad de 5,8 hijas o hijos nacidos vivos por mujer en 1950 a 1,9 en 2021, nivel inferior a la tasa de reemplazo de 2,1 hijas o hijos por mujer.
No obstante, la fecundidad en la adolescencia (15-19 años) es la segunda más alta entre las regiones mundo, quintuplicando la de países de ingresos altos y es cercanamente inferior a la de África, con preocupantes indicios de aumento en nacimientos de niñas
madres menores de 15 años.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2020 las mujeres se vieron expuestas a una disminución del 40% de los controles de embarazo en 27 países de la región, sumado a la discontinuidad
de cobertura de servicios de salud sexual y reproductiva: consejerías, acceso sobre métodos anticonceptivos, testeos del VIH, prevención y atención de la violencia, y limitado acceso a servicios sociosanitarios, que revierten logros en reducción de mortalidad materna en varios países.
Por último, la intensidad de los flujos migratorios marcados por pérdidas humanas afecta, también, fundamental mente a mujeres, niñas, niños y personas mayores.
Evidencia y alianzas para un futuro resiliente. Ninguno de estos fenómenos es ajeno a la realidad de Costa Rica, pero para abordarles el país contará pronto con la información actualizada del Censo Nacional 2022 el cual refrescará la mirada sobre la situación de poblaciones en rezago y territorios prioritarios.
La evidencia deberá orientar a los sistemas institucionales y a todos los sectores de la sociedad para ampliar,
con sentido de urgencia y visión prospectiva, el ejercicio de los derechos humanos, la capacidad de agencia y la libertad de desarrollar su proyecto de vida para cada persona y cada población de esta nación multiétnica y pluricultural.
Aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos del acelerado cambio demográfico; alcanzar cero muertes maternas prevenibles; cerrar brechas en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente de las mujeres; erradicar la violencia de género; y acompañar a poblaciones y territorios en mayor rezago en la eliminación de sus desigualdades; son mandatos desde los cuales UNFPA trabaja -en apoyo a las instituciones nacionales, organizaciones sociales y comunitarias, y en coordinación con resto del Sistema de Naciones Unidas- afirmando la ruta que el país ha trazado para concretar la Agenda 2030.
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