Los trabajos de ampliación del tramo de La Angostura, en la entrada al centro de Puntarenas, que quedaron abandonados desde finales del 2022, se reanudarán en los próximos meses.
A pesar de la afirmación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en 2023 de que la División de Obras Públicas completaría las obras, eso no sucedió.
El viceministro de Infraestructura, Efraím Zeledón, aclaró que ahora se llevarán a cabo bajo un contrato de conservación mayor, con una licitación de $13 millones, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este contrato incluirá tareas de conservación en el tramo abandonado de Barranca-Limonal, junto con la terminación de las obras en La Angostura, que quedaron con un 62% de avance.
Entre las labores anteriores se destacan la construcción de una ciclovía y la sustitución del alcantarillado y la tubería de acueducto. Los trabajos pendientes abarcan el asfaltado, la construcción de aceras y canchas deportivas.
El diseño original contempla que la vía tenga cuatro carriles de 3,3 metros de ancho cada uno, aceras de 1,5 metros de ancho, una ciclovía de dos metros y un «espaldón panorámico» para estacionar vehículos y disfrutar del paseo marítimo.
Este proyecto, con un costo inicial de $6,6 millones, se considera una «apuesta paisajística y funcional para potenciar el turismo».
El alcalde de Puntarenas, Wilber Madriz, expresó su preocupación por la falta de conservación en 2023 y subrayó la importancia del componente panorámico para el turismo del puerto.
A finales del año pasado, el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, anunció la intención de ejecutar este contrato a lo largo de este año, mientras avanzan en una nueva licitación para completar la ampliación del tramo Barranca-Limonal.
Este último tramo, de 50 km, quedó con un 18% de avance tras consumir unos $30 millones del crédito original del BID, que ascendía a $182 millones.
Ahora, su costo total se eleva a $217 millones, y el MOPT gestiona un nuevo préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Además, el Estado deberá pagar $13 millones al consorcio a cargo debido al finiquito anticipado del contrato y otros reclamos, lo que resultó en el estancamiento de la obra.
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