Caminar en busca de un cajero, no era una opción. Ella no se sentía segura de exponerse a ser asaltada u hostigada en uno de los distritos más delictivos de San José. “Debo regresar a casa, pero no tengo cómo”, fue el injusto pensamiento que tuvo la estudiante Mariel Peña en la boletería.
Intentó sacar dinero en el cajero que hay en el plantel, fue la única opción que los cajeros le dieron a la estudiante, pero estaba fuera de servicio. En verdad Mariel no podía arriesgarse a caminar en busca de un cajero y menos de noche en las solitarias aceras la capital, cuando también la probabilidad que el último bus la dejara era alta.
La empresa Empresarios Unidos de Puntarenas S.A (Eupsa) operadora del servicio de transporte público, entre Puntarenas y San José, no cuenta con datáfono y ninguna facilidad de pago electrónico. Solo hay un cajero de un banco internacional privado, pero usuarios reclaman que la mayoría del tiempo no funciona y que les complica pagar por la comisión.
Vladimir Castro quien iba para la capital no contaba con dinero en efectivo para pagar los pasajes del bus de su familia, solo tenía dinero en su tarjeta. La opción que tenía era caminar algunas cuadras bajo el sol del mediodía para llegar al banco más cercano en Esparza. Sin embargo, también existía probabilidad de que perdiera el viaje, por lo que llegaría tarde a la cita de su hijo de 20 semanas de edad.
“Luego de unos minutos de intriga”, el cajero se ofreció a hacerle el favor de recibir un sinpe móvil a su cuenta personal, pero de una forma “descarada” (tal cual lo manifestó el usuario) le cobró 700 colones adueñándose del cambio que le tenía que dar en efectivo”, relató Vladimir molesto.
“Desde hace cuatro años se viene promoviendo la adopción de normas de calidad para las distintas modalidades de transporte público. Estas normas fueron aprobadas por INTECO como normas nacionales en el año 2020 (INTE G20 e INTE G21) y desde ese momento se inició una serie de actividades conducentes a promover la adopción oficial de dicha norma como referencia oficial del servicio de autobús y como tal conste en los contratos de concesión 2021 – 2028, lo cual debe pasar por aprobación de la Junta Directiva del CTP, situación que entendemos que no se ha concretado aún”, Indica la Autoridad Reguladora.
Las normas que se aprobaron apelan a un mejor servicio a través de criterios de accesibilidad, seguridad, comodidad, información, servicio ofertado e impacto al ambiente.
Actualmente la empresa trabaja con un permiso temporal, mientras el Consejo de Transporte Público (CTP) aprueba la prolongación del contrato de la concesión hasta el año 2028. Sin embargo han pasado seis meses desde que se venció y el CTP no se refiere al respecto. Lo cierto es que una vez aprobada la ampliación, Eupsa deberá implementar el pago electrónico entre otros aspectos.
Eupsa dijo a este medio que prevé implementar un sistema de pago anticipado en línea “hasta mayo”, sin embargo, que el tema de pago electrónico “está crudo”.
Para Ernel Lopez, gerente de administración del plantel de San José, el pago electrónico es un problema país, donde supuestamente la Aresep no les permite la implementación, mientras que el uso del datáfono se encuentra en la misma situación pero asegura que “ni los bancos y ni las empresas quieren perder”.
Un sector que dice ser afectado son los estudiantes universitarios, reclaman que la impuntualidad del servicio les afecta en sus responsabilidades, ya que no se respetan los horarios establecidos. “Acomodan los horarios a conveniencia, me ha tocado esperar hasta casi tres horas en la terminal, eso provoca que uno no llegue a tiempo a las clases”, señaló la estudiante Amanda Calderón.
Para la universitaria Keyla Rivera, esta empresa debería hacer un estudio de sus clientes, para que refuerce su responsabilidad con los estudiantes, es decir que implemente un horario consciente de las necesidades de los que viajan por motivos académicos. “Quitaron el bus de las 10:30pm donde lo aprovechaban las personas que salen a las 9:00pm de clases”, señaló.
La gerencia de Eupsa, aseguró que no pueden estar tirando viajes “solo por tirar”, más con los problemas que hay relacionados con el incremento del precio de los combustibles, pero que poco a poco el horario se va “normalizando”.
“La última vez llegué 20 minutos antes del horario establecido hacia SJO desde Puntarenas, solo para darme cuenta que el que estaba para esa hora salió más temprano porque se llenó (…) ese día me tocó esperar 40 minutos sobre horario porque la terminal no se llenaba”, comentó otro estudiante, José López.
“En el 2014 y 2015 cuando viajaba a menudo a San José, experimenté que en varias ocasiones me daban mal el vuelto a propósito”, comentó Carlos Sequeira, quien dependía de este servicio para llegar a su universidad.
Sequeira aclara que los hechos ocurrieron en el plantel de Puntarenas, también afirma que empezó a notar como algunos usuarios se quejaban en sus redes sociales, entre esos la página informativa “Puntarenas Hablando al Chile” en noviembre del 2018.
“No puedo decir que actualmente, pero en el tiempo que yo viaje, fue un problema de siempre, pero siempre. Cuando eran familias que viajaban se les complicaba más revisar el tipo de cambio”, concluyó.
Hay dos denuncias que se mantienen en proceso en contra de la empresa, por supuestas irregularidades en el cobro de tarifas, según informa Aresep.
“Hemos tenido denuncias y actuado, pero no hay pruebas, uno pone ahí que favor revisar su vuelto y si falta que reclamen en el momento, porque sí ha pasado y hemos resuelto (…) tenemos cámaras donde se cuenta el dinero”, comentó el gerente Arguedas.
El ocho de enero a eso de las 11:00am, Olga Ramírez manifestó recibir burlas de parte de dos de los encargados de vender los tiquetes, pues al darle la cédula para su debida verificación y registro, para obtener su 75% de descuento de acuerdo a la Ley Integral para la persona Adulta Mayor Nº 7935. “En la ventanilla dijeron que qué estaban pagando por tener que atenderme”, señaló la afectada de manera pública en su cuenta de Facebook.
Para López, en representación de la empresa, asegura que los encargados le dijeron “solo le dijeron que se hiciera a un lado, para que la atendieran porque era adulta mayor y de los dos cajeros solo uno tiene lector”.
“Deme su nombre, porque esto da vergüenza”. Exclamó Olga en el Plantel de San José. Relató sentirse ofuscada y con ganas de llorar por la situación que experimentó.
Los supuestos casos que se evidencian en este reportaje, incumplen con lo que dispone la Ley Reguladora Transporte Remunerado Personas Vehículos Automotores, Ley Nº 3505.
Artículo 17.- Son obligaciones del empresario de transporte remunerado de personas:
- a) No cobrar por el transporte un precio distinto del establecido en las tarifas aprobadas por la Comisión Técnica de Transportes.
- b) Realizar el transporte en toda la ruta especificada en la concesión y efectuar el recorrido conforme a los horarios e itinerarios aprobados.
En febrero del 2022 hubo un altercado en el plantel josefino. “Mi hermano iba a viajar, pero por su condición de diabético sufrió una descompensación y cuando iba a comprar el tiquete le faltaba dinero, por lo que los de la ventana lo trataron de forma grosera”, denunció a este medio Elizabeth Villalobos.
“Llegó a comprar el tiquete, no tenía olor a alcohol, pero estaba como ido y le sacó dos mil, un menudillo que no le alcanzaba y luego le sacó como una factura de un banco por lo que no se le pudo aceptar (…) él siguió ahí, la fila se hacía más larga y el oficial le dijo que se apartara para ver si le aparecía todo el menudo. Sin embargo, al rato volvió a entregar el recibo del banco, pero ahí el guarda le vuelve a solicitar que se aparte, cuando el sujeto agrede al oficial”, relata el administrador del plantel de San José, López.
Un aparente choque de cuerpos entre el usuario y el oficial de seguridad, terminó en el suelo con al menos dos golpes hacia el hermano de Villalobos, lo que ella señala como abuso policial.
Lo que más enoja a la vecina de la comunidad de Chacarita, además del incidente fue que a su hermano lo ridiculizaron, porque fue grabado y divulgado en la red social “Tik Tok” por un colaborador de Empresarios Unidos de Puntarenas, que luego eliminó el video, pero este medio tiene evidencia de la publicación y la misma se le enseñó a los gerentes de Eupsa en la entrevista (que por respeto a la víctima no se adjunta).
Incongruencias en el CTP: Silencio como respuesta
Este consejo se negó a entregarle a la ex diputada Marlene Madrigal Flores información sobre los accionistas de transporte, pero gracias a un recurso de amparo obligaron a la institución a hacerlo en el 2018. Con esta información el medio de comunicación Semanario Universidad compartió una investigación en enero del 2019 donde se comprueba la concentración de rutas entre empresarios autobuseros.
Lea la investigación de Semanario Universidad: ¿Quiénes controlan el transporte público del país? Negocios de familia
“Era evidente que si el mismo CTP quería ocultar la información era porque estamos dentro de un escenario de ilegalidad. Un concesionario no puede tener más de tres rutas concesionadas. Yo no volví a ver el tema, pero eso era lo que queríamos revisar. Lo que pasa es que la información me llegó muy tarde”, manifestó la exdiputada Madrigal, a Semanario Universidad.
Aunque la concesión caducó en septiembre del 2021. La empresa opera como permisionaria desde hace seis meses y para prolongar su servicio hasta el 2028 deberá acogerse a nuevos lineamientos de mejora y modernización.
”La concentración o unión de rutas conectadas geográficamente es una realidad dada la capacidad económica de ciertos empresarios. En realidad, en el país debe haber unos 15 empresarios fuertes que concentran las rutas largas principales y las urbanas más importantes”, declaró por su parte el especialista en derecho administrativo de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rodrigo Riviera Fournier. Quien además fue viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Seguridad Vial del 2011 al 2013.
Este medio solicitó a la Sala Constitucional por medio de un recurso de amparo, que el CTP se refiera al tema por medio de unas preguntas que se les hizo llegar y no respondieron a la fecha establecida. Por lo que los magistrados declaran parcialmente con lugar el recurso. Aseguran que se irrespetó la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública. A modo de resumen, lo siguiente se desprende de la respuesta que emitió el CTP el 11 de marzo del 2022:
- El CTP indicó que no tiene registro de denuncias antes del 2018. Ese año no hubo, pero a partir de ahí hubo un crecimiento anual. En el 2019 hubo solo una, en el 2020 creció a tres y para el 2021 fueron cuatro.
- Las directrices en materia de emergencia nacional por COVID 19, indica «mantener las ventanas abiertas durante los momentos en que las condiciones atmosféricas así lo permitan, el aire acondicionado no es una exigencia que esté regulada». Los autobuses de dos pisos que opera la empresa no cumplen con esta indicación.
- Según el CTP, no hay protocolos establecidos para mitigar el acoso sexual dentro de los buses. No se exige el uso de cámaras, pero sí un monitoreo con el sistema de pago en línea. Por lo que los puntarenenses no pueden acogerse a esta tecnología porque no se ha prolongado la concesión que ahora sí obliga a la empresa a contar con esta facilidad.
- Sobre la concentración de rutas y la posible competencia desleal: “Es importante indicar, que los recorridos y rutas distribuidas en todo el país, reflejan la necesidad del usuario del servicio y son establecidas para la mayor satisfacción del interés público que representa un servicio de esta naturaleza, todo con fundamento en la demanda de cada ruta regular”
- Si habrá ampliación, pero todavía no: “La empresa sobre la que se nos consulta posee acuerdo de renovación de concesión para el período 2021-2028 y en la actualidad se encuentra en proceso de trámite para refrendo de la concesión”.
Otras inquietudes
La operadora Eupsa utiliza dos rutas para ir de Puntarenas a San José, en el cantón de Esparza cuenta con una terminal, sin embargo, los usuarios que van directo a la capital se ven obligados a someterse a un largo viaje que pasa por San Ramón y Alajuela. La otra vía emprende la Ruta 27 de forma directa.
Por otro lado, la empresa tiene la concesión de la Ruta 600, lo que le permite realizar los viajes directos de San Ramón a San José.
El apoderado de esta línea de buses se llama Juan Carlos Soto Vindas, quien tiene en su poder la concesión de la Ruta 25 entre Calle Blanco, Montelimar y San Antonio.
Esto pone en duda el estado de legalidad de la concesión de acuerdo al Artículo 11.- Una misma persona no podrá ser dueña de más de dos empresas, ni socio mayoritario de más de tres empresas que operen en diferentes rutas. De acuerdo a la Ley Reguladora Transporte Remunerado Personas Vehículos Automotores, Ley Nº 3505.
La Asociación Nacional Pro Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (Asoprousuarios), denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), un presunto conflicto de intereses contra Juan Carlos Soto Vindas quien lideró el CTP en el 2014. Los hechos en apariencia violentan la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública bajo el informe Nº AEP-INF-001-2015.
¿Qué opinan los diputados puntarenenses?
Carmen Chan: «Desde el 2019 los diputados de Nueva República, presentamos un proyecto de ley para implementar el pago electrónico en el transporte público. Sin embargo, el Gobierno con el pretexto que tiene un plan en marcha desde el 2018, ha afirmado que no hace falta una ley, pero lo cierto es que a la fecha aún no se ha implementado en los autobuses. El pago electrónico del pasaje es una tecnología cómodo, eficiente y segura para la población, por ejemplo los chóferes no andarían con dinero en efectivo expuestos para que los asalten. Además, mejorarían el control de venta de pasajes y el proceso de recaudación. Es una urgencia que se implemente en cuanto antes en todo el país a beneficio de nuestra población».
Carlos Ricardo Benavides: “La ruta SJO-Puntarenas para los ciudadanos puntarenenses reviste de una enorme importancia, se trata del destino más relevante en el Valle Central. Es un centro de estudio, trabajo, comercio y muchas de las actividades importantes que realizan las personas en la capital del país. De este modo, la calidad del servicio es muy relevante, tiene que ser cómodo y que garantice una gran frecuencia con buena regularidad. Esto es más importante que la forma del contrato, independientemente de quien ofrezca el servicio y cómo se ajuste el contrato… a la ciudadanía lo que más le importa es que todo se de en la mejor calidad y frecuencia, eso es lo que debemos empujar todos”.
Melvin Núñez: “Los primero que hay que recordar es que este tipo de concesiones se dan bajo una normativa, si estas no se cumplen se debería quitar la concesión. Fuera de eso dar un buen servicio, generar confianza en los usuarios, que se cumplan con horarios puntuales para las salidas (…) el CTP debería analizar bien a quien le da las concesiones de transporte) ya hay manifestaciones de vecinos que señalan que no se cumplen los horarios, sino que espera que haya suficiente gente para que el bus vaya lleno, si tienen que atrasarlo o priorizar también lo están haciendo según la cantidad de personas. Los horarios tienen que ser cumplidos, deben tener unidades ideales para el transporte hasta de personas con discapacidad. El CTP no está haciendo bien su trabajo, no está supervisando bien a quién está concesionando y sobre la calidad de las unidades”.
Gustavo Viales: “El asunto de transporte público siempre ha sido un tema álgido, que urge darle solución. El actual Gobierno en campaña electoral prometió mejoras en el sistema de transporte, pero cedieron ante las presiones y no tuvieron un trabajo planificado que permitiera la renovación con las mejores condiciones para el usuario, no solo en la ruta a Puntarenas centro sino también al sur de la provincia donde han denunciado mal trato al cliente, tecnologías para facilitar información y tarifas que no se ajustan con el servicio. Entonces me parece que eso debería ser un tema a favor de los usuarios en medio de un proceso electoral que se avecina, para exigir mejores prácticas gubernamentales para tener un servicio eficaz y eficiente”.
Franggie Nicolas: Por medio de su encargada de prensa sugirió a este medio conversar con la diputada Carmen Chan, ya que asegura que ella está más informada del servicio de transporte.
Oscar Cascante: Tras múltiples solicitudes el diputado omitió referirse al respecto. Aseguró a este medio vía su oficina de prensa que pedirá un informe al CTP para conocer sobre el tema.
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