El Ministerio de Seguridad Pública ha expresado su frustración con la decisión del Juzgado Penal de Puntarenas de liberar a los imputados detenidos en la operación «Titan» llevada a cabo por la Policía Control de Drogas.
Estos imputados son vinculados con el delito de narcotráfico y con hechos de violencia que han afectado significativamente la zona central de Puntarenas y contribuido a un aumento en la cantidad de homicidios.
El Ministro de Seguridad, Jorge Torres, había instruido la operación con el objetivo de mejorar la seguridad en la comunidad de Fray Casiano de Puntarenas, una de las provincias más afectadas por la violencia en los últimos años.
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Sin embargo, el Juzgado Penal ordenó la liberación de los imputados con ciertas restricciones, incluyendo prohibición de contacto con drogas, domicilio fijo, impedimento de salida del país y la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado o fiscalía de Puntarenas.
El Ministro de Seguridad ha reafirmado su compromiso con la seguridad de la comunidad de Puntarenas y su insatisfacción con la decisión del Juzgado Penal. Además, el juzgado también ha ordenado abrir una investigación contra los oficiales de la Policía Control de Drogas por haber informado a la ciudadanía sobre la operación policial.
En general, el Ministerio de Seguridad Pública considera que la liberación de los imputados y la investigación contra los oficiales son un obstáculo para su misión de garantizar la seguridad de la población.
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