Miembro del OIJ y su esposa son detenidos por entregar información confidencial a prestamistas
La Fiscalía Anticorrupción ha emitido órdenes de detención contra dos funcionarios judiciales en Puntarenas, señalados como presuntos cómplices al suministrar información confidencial a prestamistas.
Este hecho ha generado preocupación en el Ministerio Público, que, aunque lamenta la existencia de tales situaciones, reitera la capacidad de la institución para detectar y procesar casos de corrupción dentro del Poder Judicial.
Los sospechosos, un agente del OIJ de Puntarenas de apellido Bosques Avellán y su pareja, una empleada administrativa de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas apellidada Fernández Monge, están sujetos a la toma de declaración indagatoria en el transcurso del día. La Fiscalía evaluará posteriormente la solicitud de medidas cautelares.
El allanamiento de la vivienda de Bosques Avellán y Fernández Monge fue autorizado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y se llevó a cabo el 29 de noviembre en Puntarenas.
Ambos son sospechosos de delitos como falsedad ideológica, peculado de uso y divulgación de información de la Plataforma de Información Policial.
La investigación sugiere que desde el 2021, Bosques y Fernández habrían suministrado información confidencial de investigaciones a prestamistas colombianos y costarricenses en el cantón del Pacífico.
Se presume que utilizaron recursos de la Administración Pública para realizar consultas en sistemas judiciales y proporcionar datos a los beneficiarios.
Se destaca que esta presunta colaboración permitía a los prestamistas otorgar a Bosques plazos más extensos para el pago de créditos, particularmente aquellos sujetos al controvertido sistema de «gota a gota«, conocido por su cobro de intereses exagerados de manera informal.
Adicionalmente, el Ministerio Público señala que Bosques Avellán habría insertado información falsa en un informe policial del OIJ.
Se sospecha que alteró el documento para favorecer a personas vinculadas a un presunto delito, manipulando el reconocimiento fotográfico de la víctima.
A pesar de la consternación por estos casos, el Ministerio Público subraya la fortaleza del sistema para detectar presunta corrupción, asegurando una postura implacable en la persecución de causas donde se sospeche la participación de colaboradores de la entidad.
La acción legal destaca la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de enfrentar la corrupción en todos los niveles institucionales.
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